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Un decreto de dudosa legitimidad

Por: La Redaccion Ultimo Diariomiércoles 15 de julio de 2015
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El decreto 209-15, mediante el cual el Poder Ejecutivo ratifica la venta por parte del Ayuntamiento Municipal a la Universidad Tecnológica de Santiago por 53,946,880.00 pesos una porción de terrenos de 8,299.52, tiene, por decir lo menos, sus bemoles y dudosa legitimidad.

La decisión que avala el presidente de la República a través de este decreto es un tema objeto de una Litis judicial entre los herederos del finado munícipe Abelardo Gómez, encabezados por don José Jacobo y su familia y el Ayuntamiento Municipal que decidió desconocer una decisión de la sala capitular que otorgaba en dación de pago esos terrenos al fallecido ex jefe de bomberos y connotado luchador antitrujillista.

Siendo que, existe una disputa legal en torno a la decisión del cabildo sobre esos terrenos, lo sensato era que el Poder Ejecutivo esperara que el tema fuera dilucidado en los tribunales hasta que alcanzara la autoridad de “la cosa irrevocablemente juzgada”.

Hay que suponer que el jefe del Estado ha sido sorprendido en su buena fe al dar su consentimiento a esta operación, tal vez convencido de que se trataba de una venta de terrenos libre de conflictos y que beneficia a la municipalidad.

De todas formas se sienta un funesto precedente, toda vez que la decisión presidencial es como si se dijera a los tribunales de antemano cómo deben fallar el caso en cuestión.

La construcción de un verdadero estado de derecho requiere una buena dosis de prudencia, de cuidado para no dejar la impresión de que, desde instancias públicas como Ayuntamientos y Presidencia de la República se violan derechos o no se da la mínima oportunidad para que los tribunales de justicia decidan, en absoluta libertad, sobre los temas puestos a su conocimiento.

La forma atropellada en que se ha procedido desde el cabildo local contra don José Jacobo, su familia y los posteriores adquirientes de los terrenos en cuestión, amparados de derechos reconocidos durante décadas, deja mucho que decir del clima de respeto al derecho de propiedad en el país.

En ese sentido el decreto presidencial es, francamente penoso y, un funesto precedente con relación a temas sujetos al escrutinio de tribunales de justicia.

Así no se construye un estado de derecho.

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