El decreto 209-15, mediante el cual el Poder Ejecutivo
ratifica la venta por parte del Ayuntamiento Municipal a la Universidad Tecnológica
de Santiago por 53,946,880.00 pesos una porción de terrenos de 8,299.52, tiene,
por decir lo menos, sus bemoles y dudosa legitimidad.
La decisión que avala el presidente de la República a través
de este decreto es un tema objeto de una Litis judicial entre los herederos del
finado munícipe Abelardo Gómez, encabezados por don José Jacobo y su familia y
el Ayuntamiento Municipal que decidió desconocer una decisión de la sala
capitular que otorgaba en dación de pago esos terrenos al fallecido ex jefe de
bomberos y connotado luchador antitrujillista.
Siendo que, existe una disputa legal en torno a la decisión
del cabildo sobre esos terrenos, lo sensato era que el Poder Ejecutivo
esperara que el tema fuera dilucidado en los tribunales hasta que alcanzara la
autoridad de “la cosa irrevocablemente juzgada”.
Hay que suponer que el jefe del Estado ha sido sorprendido
en su buena fe al dar su consentimiento a esta operación, tal vez convencido de
que se trataba de una venta de terrenos libre de conflictos y que beneficia a
la municipalidad.
De todas formas se sienta un funesto precedente, toda vez que
la decisión presidencial es como si se dijera a los tribunales de antemano cómo
deben fallar el caso en cuestión.
La construcción de un verdadero estado de derecho requiere
una buena dosis de prudencia, de cuidado para no dejar la impresión de que,
desde instancias públicas como Ayuntamientos y Presidencia de la República se
violan derechos o no se da la mínima oportunidad para que los tribunales de
justicia decidan, en absoluta libertad, sobre los temas puestos a su
conocimiento.
La forma atropellada en que se ha procedido desde el cabildo
local contra don José Jacobo, su familia y los posteriores adquirientes de los
terrenos en cuestión, amparados de derechos reconocidos durante décadas, deja
mucho que decir del clima de respeto al derecho de propiedad en el país.
En ese sentido el decreto presidencial es, francamente
penoso y, un funesto precedente con relación a temas sujetos al escrutinio de
tribunales de justicia.
Así no se construye un estado de derecho.