Puerto Plata.- Las revelaciones recientes sobre el caso de
la Mulata III, ha dado mucho de qué hablar, en esta provincia, en el país y en
el mundo, ya que comienzan a surgir informaciones que ponen en contexto la
situación real del sonado caso.
Luego del allanamiento y apresamiento de los alemanes en
octubre pasado, sus abogados y los propios implicados han causado un gran
revuelo con la noticia de que durante el allanamiento habrían sido sustraídos
60 millones de pesos de dos cajas fuertes, con dinero, lingotes de oro, relojes
y otras joyas.
Sin embargo, informes periodísticos dan cuenta de que el
inventario de los bienes en posesión de los alemanes a la hora del allanamiento
llegarían apenas a 30 millones, lo que remite a la siguiente pregunta y todo
fue robado?
Evidentemente que no. Como se demuestra del análisis de las
informaciones que han surgido en las últimas horas, el inventario presentado al
Ministerio Público por el cónsul de Alemania, incluye, por ejemplo los dos
vehículos incautados por las autoridades para fines de investigación: una
Jeepeta Tahoe, blindada y una ambulancia, ambos en poder de las autoridades por
lo que no fueron robados.
El inventario incluye además las armas legales de los
alemanes pertenecientes al grupo, cuyo valor, no cuantificado por el momento,
habría que deducirlo de los 30 millones, no sesenta declarados por los implicados
a través del cónsul, así como las computadoras y otros objetos que se
encuentran dentro de las evidencias del caso, en poder de las autoridades
judiciales.
El robo efectuado por varios de los agentes policiales
actuantes, calificado de bochornoso, por la propia fiscalía de Puerto Plata y
varias personalidades locales y nacionales, habría sido por un monto, mucho
menor de los 60 millones denunciados inicialmente por los alemanes
pertenecientes al grupo o secta establecidos en el proyecto residencial de Sosúa.
Es claro, además, que los mismos tenían en su poder armas de
alto calibre, granadas y otros objetos que no están previstos para el uso de
particulares, sino de las fuerzas militares del país.
Durante varias semanas todo el país y medios internacionales
han estado hablando del supuesto robo de 60 millones, que va por treinta “y
bajando”, según fuentes consultadas por Ultimo Diario que entienden que la
manipulación de la información podría
poner en entredicho la seriedad de los alegatos de los miembros de la supuesta
secta en Sosúa.
Esta misma semana una crónica de Acento.com daba cuenta de
que el procurador general adjunto Bolivar Sánchez habría indicado de que el conflicto
entre los alemanes que dio pie al allanamiento se produjo por dificultades
entre los miembros del grupo calificado de secta religiosa y el jefe de la misma
Peter Brunck.
Los miembros disgustados de la secta habrían sido quienes
hicieron las denuncias de tráfico de armas que motorizaron la acción pública
que se materializó en el allanamiento realizado en octubre del 2012.
Uno de los argumentos esgrimidos para cuestionar el proceder
de la fiscalía fue que supuestamente la magistrada Alba Núñez habría entregado
las órdenes de allanamiento al capitán Gerson Acosta y no a los fiscales
actuantes.
Durante la rueda de prensa efectuada hace unos días por la
fiscal titular esta explicó que los fiscales y la Policía coordinaron la acción
a realizar y se dividieron en tres grupos,
en una reunión previa al allanamiento efectuada en la comandancia de la
Policía en Sosúa.
Explicó que al producirse el tiroteo, como era natural los
fiscales procuraron proteger sus vidas, lo que explica el por qué los miembros
de la policía pudieron entrar tiempo antes y sustraer los artículos robados
cuyo monto está siendo cuantificado.